El Polisario: sin democracia interna
Bachir Mustafá Sayed
Uno de los principios básicos de cualquier sistema democrático es que los titulares de los poderes públicos emanan de la voluntad popular expresada en las urnas. En los campamentos de Tinduf, sin embargo, el Frente Polisario mantiene una práctica que contradice frontalmente ese principio elemental: el presidente del llamado Consejo Nacional Saharaui —el órgano que se presenta como su parlamento— no es elegido por los ciudadanos ni por los diputados, sino designado directamente por la presidencia de la organización
Una práctica que, por sí sola, rara vez desata una crisis interna: solo cuando algún barón tribal se siente desfavorecido en el reparto de cargos se habla de convulsión o descontento, no cuando se vulneran los principios básicos de la representación democrática.
El personaje que ha sido designado para ese cargo en la última remodelación es Bachir Mustafá Sayed. Su nombre no es uno más en la estructura del Polisario. Es hermano del fundador del movimiento, El Uali Mustafá Sayed, y ha ocupado puestos de máxima responsabilidad desde los mismos orígenes de la organización en 1973. Durante las dos primeras décadas fue oficialmente el número dos, aunque en la práctica ejercía como el hombre fuerte del entramado de poder. Más de medio siglo después, sigue ahí.
Pero Bachir Mustafá Sayed no es un caso aislado dentro de la cúpula del Polisario. El propio presidente de la organización ocupa también puestos de relevancia desde el principio: fue el primer secretario general del Polisario en mayo de 1973. Lo que se observa, en definitiva, es la perpetuación de un mismo grupo dirigente que, durante más de cincuenta años, ha ido alternándose los puestos de máxima responsabilidad sin someterse a procesos electorales competitivos ni a mecanismos de rendición de cuentas.
Esta permanencia en el poder de los mismos nombres, que tienen su origen común en el tugurio marroquí de Tan-Tan donde nació el movimiento, ha terminado por hundir el prestigio que durante décadas sostuvo la épica construida en torno a la lucha del Polisario. Lo que en sus orígenes pudo ser un movimiento de liberación nacional se ha convertido, por la falta de democracia interna y la perpetuación del mismo grupo, en una estructura cerrada que ha ido perdiendo la legitimidad moral que le otorgaba su propia historia.
Las consecuencias de este modelo han sido visibles durante años. La falta de democracia interna y la imposibilidad de renovación de las élites han animado a muchos responsables y cuadros —tanto militares como civiles— a abandonar sus filas. De esas defecciones han surgido diversas disidencias organizadas que reclamaban precisamente aquello de lo que el Polisario carecía: transparencia, alternancia en el poder y respeto a los derechos humanos.
La más sólida de esas disidencias hasta ahora ha sido el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), que logró compartir espacio con el Polisario tanto en la Internacional Socialista como, por primera vez, en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas, rompiendo así el monopolio de representación que el Polisario había mantenido durante décadas en los principales foros internacionales.
A todo este contexto se suma un elemento que resulta ineludible cuando se examina la legitimidad de quien ha sido designado para encabezar la “institución” que debiera representar a la población saharaui.
Su papel en la llamada “leyenda negra” del Polisario es, según el testimonio de decenas de supervivientes, más que notorio. La tristemente célebre cárcel secreta de Rashid —abierta por el Polisario en pleno corazón de los campamentos de refugiados— fue durante años el epicentro de la represión, el lugar donde se silenciaba a una disidencia inventada más que real.
Quienes lograron salir con vida de allí han relatado con nombre y apellidos que Bachir Mustafá Sayed asistía con frecuencia a los interrogatorios kafkianos y, en muchas ocasiones, los dirigía en persona.
Cuando una organización coloca al frente de su poder legislativo a un dirigente que acumula medio siglo en la cúpula, que llega al cargo por designación directa y que arrastra un historial de vinculación directa con centros de tortura y represión, el problema deja de ser meramente institucional para convertirse en una cuestión de legitimidad ética y política insoslayable.
La democracia no se construye con fachadas institucionales. Exige procesos abiertos, rendición de cuentas, alternancia en el poder y, sobre todo, que quienes ejercen cargos de representación no tengan en su haber violaciones graves de derechos humanos. Un sistema en el que el mismo grupo dirigente se perpetúa desde hace cinco décadas —desde aquel origen común en Tan-Tan—, en el que el presidente del «parlamento» se nombra a dedo y en el que personajes vinculados a la cárcel de Rashid siguen ocupando puestos institucionales, no puede presentarse como democrático sin que ello resulte una afrenta a la memoria de las víctimas y al sentido más elemental de la justicia.
Cualquier proceso político que aspire a una solución duradera en el Sáhara Occidental necesita interlocutores con legitimidad interna indiscutible. El Polisario, con estas credenciales, ha visto cómo su propio prestigio se ha ido erosionando hasta el punto de que sus disidencias más sólidas han logrado ocupar espacios internacionales antes reservados en exclusiva a su organización.
La comunidad internacional, cuando examina estas realidades con rigor, debería preguntarse si un movimiento que concentra el poder en las mismas manos desde hace más de medio siglo, que nombra a dedo sus instituciones “parlamentarias” y que mantiene en la cúpula a personajes con un pasado tan sombrío está realmente en condiciones de ser parte de una solución que exige precisamente aquello de lo que el Polisario carece: transparencia, democracia interna y respeto a los derechos humanos.
Hach Ahmed, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP)
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