¿Una batalla judicial a costa de los saharauis?
La estrategia judicial impulsada por el Polisario contra los vuelos de Ryanair entre Madrid y Dajla perjudica a la población saharaui con menos recursos y, encima, no contribuye a resolver el conflicto del Sáhara Occidental
Mujeres saharauis ondean banderas durante la celebración del 47.º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui, en el campo de refugiados de Smara, Tinduf, Argelia, 27 de febrero de 2023 – REUTERS/ BORJA SUAREZ
«Convertir una disputa política» en una batalla ante los tribunales plantea una cuestión esencial de prioridades: una acción que pretende defender los derechos del pueblo saharaui no debería terminar reduciendo sus oportunidades de movilidad o perjudicando a los más pobres.
En el momento en que se libra en Nueva York una batalla decisiva para el Polisario, en los pasillos de la ONU, equipos vinculados a este movimiento se han desplazado a Madrid para presentar una querella y solicitar la suspensión de los dos o tres vuelos semanales de Ryanair entre Madrid y Dajla, la antigua Villa Cisneros de la excolonia española del Sáhara Occidental. Como si lo de Nueva York no fuera más gordo. La información ha sido divulgada ayer por medios de prensa argelinos.
Sede de las Naciones Unidas – UN Photo
El conflicto del Sáhara Occidental no se resolverá en un juzgado de Valdemoro o de Móstoles. Pretender avanzar hacia una solución política mediante acciones judiciales que pueden terminar perjudicando a la población no solo resulta poco eficaz, sino que desvía el debate de lo fundamental: la necesidad de una salida política, duradera y capaz de mejorar las condiciones de vida de los saharauis.
Si Ryanair acaba suspendiendo sus vuelos a Dajla, quienes más pueden perder no serán los dirigentes ni los diplomáticos del Polisario que promueven esta batalla jurídica, sino miles de personas con recursos limitados para viajar a Europa. Para muchas de ellas, disponer de una conexión aérea de bajo coste puede marcar la diferencia entre poder viajar o tener que renunciar a hacerlo por razones económicas.
Resulta paradójico que, en nombre de la defensa de los derechos del pueblo saharaui, se pueda terminar privando a una parte de ese mismo pueblo de una oportunidad para desplazarse, mantener sus vínculos familiares y acceder a Europa a precios asequibles. Los billetes de avión a precios elevados seguirán estando al alcance de quienes pueden pagarlos; para los demás, la desaparición de una alternativa económica supondría una pérdida real.
Vista de El Aaiún, Sáhara Occidental – ATALAYAR
La cuestión de la legalidad de las conexiones aéreas puede debatirse ante los tribunales competentes. Pero una cosa es defender una interpretación jurídica y otra muy distinta ignorar las consecuencias prácticas que una determinada estrategia puede tener para la población. Ninguna iniciativa judicial debería evaluarse únicamente por su valor simbólico o por la causa que invoca, sino también por sus efectos concretos sobre quienes tienen menos recursos.
Una batalla jurídica no se convierte en una epopeya histórica por el simple hecho de librarse en nombre de una causa justa. Su valor también debería medirse por sus resultados y por el precio que otros tienen que pagar. Y si el desenlace acaba siendo menos conectividad, viajes más caros y menos oportunidades para los saharauis con menos recursos, difícilmente podrá presentarse como una victoria en defensa de sus intereses.
Banderas de Marruecos en el Sáhara – ATALAYAR
Además, una eventual suspensión de los vuelos no resolvería ninguna de las cuestiones políticas de fondo. No modificaría el estatuto del territorio, no acercaría a las partes a un acuerdo y no sustituiría las negociaciones necesarias bajo el marco de Naciones Unidas. Solo añadiría una dificultad concreta a la vida cotidiana de quienes dependen de conexiones asequibles.
El pueblo saharaui necesita soluciones políticas, oportunidades económicas y mejores condiciones de vida. No necesita que sus posibilidades de viajar se conviertan en daños colaterales de una batalla judicial que puede perjudicar a los más vulnerables y cuyo desenlace, en cualquier caso, no resolverá el conflicto del Sáhara Occidental.
Solo un último apunte: no he publicado esta nota por incordiar al Polisario, sino por el celo y el afán de defender, el interés de los habitantes de la ciudad donde nací, crecí y me eduqué. Confío en el buen criterio de las autoridades españolas.
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